CARACAS (AFP) - La inhabilitación de más de 400 aspirantes a gobernadores y alcaldes en las elecciones regionales de noviembre en Venezuela por faltas administrativas, siembra incertidumbres en la escena política, con un gobierno en proceso de rectificación y una oposición a la ofensiva.
El pasado 25 de febrero el contralor venezolano, Clodosbaldo Russián, presentó a las autoridades electorales una lista con más de 400 nombres que el despacho sancionó por irregularidades en el manejo de fondos públicos, que van desde "exceso en pagos" hasta "daños al patrimonio público".
El listado incluye a algunos de los aspirantes de la oposición con posibilidades para disputar varias gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo el próximo 23 de noviembre, entre quienes destaca el alcalde de un municipio capitalino, Leopoldo López, que aspira a la alcaldía mayor.
Sin embargo, juristas venezolanos estiman que la medida es nula porque violenta la constitución, al lesionar derechos políticos consagrados.
"La Constitución establece que la inhabilitación política sólo procede por la sentencia firme de un tribunal", dijo a la AFP el abogado Alberto Artega, quien este miércoles suscribió junto a otros 13 juristas venezolanos un documento
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