Constitucionalistas coincidieron en que, más allá de que la iniciativa enviada por el gobierno de Cristina Kirchner sólo permite avalar o descartar las medidas que desataron el prolongado conflicto con el campo, los legisladores están en condiciones de debatir otros proyectos, distintos del oficial, que permitan poner fin a la crisis.
"Desde el momento en que se remite el proyecto de ley al Congreso, el Poder Ejecutivo está reconociendo implícitamente que los derechos de aduana debieron ser reglados por ley y no a través de una resolución ministerial.
"Ahora, el Congreso tiene amplia libertad para debatir el tema [de las
retenciones] y adoptar la decisión que considere más conveniente: rechazar la iniciativa y debatir otra. La limitación impuesta por cómo el proyecto fue redactado por el Gobierno no tiene validez alguna. Los legisladores pueden apartarse y legislar libremente de la manera que les parezca más conveniente.
"El Parlamente no está sujeto a ninguna opción prefijada. Puede rechazar el proyecto. Incluso puede decidir no tratarlo y elaborar uno totalmente diferente.
"Incluso, si el Congreso sanciona una ley derogando la suba a las retenciones, el aumento deja de aplicarse y se abre la posibilidad de hacer juicios al Estado entre quienes pagaron el adicional durante este tiempo. "Lo importante es que se está abriendo el debate y que se va a dar en el Congreso, que es el ámbito adecuado".
“El proyecto oficial es una burla a cómo deben constituirse las leyes. El
Gobierno debería permitir la discusión verdadera y no la mera ratificación de los ya hecho. Se está recurriendo a la ley como ropaje formal descreyendo de que realmente la ley sea el camino. El único objetivo del Poder Ejecutivo es pedir la ratificación de todo lo actuado para evitar futuros pleitos.
“Frente a este panorama, a la oposición le queda discutir el monto de
retenciones y resolver la discusión acerca de si el porcentaje es confiscatorio.
Puede presentar proyectos paralelos, como los que ya existen en ambas cámaras y duermen el sueño de los justos. No hay impedimento alguno para que se presenten contraproyectos. Abierto el debate, cualquier legislador queda habilitado para presentar un proyecto propio.
“El rechazo del proyecto de ley que manda el Poder Ejecutivo es casi
utópico, por la amplia mayoría que tiene el oficialismo. Si ocurriera, se
produciría un vacío legislativo: caería la resolución 125 porque lo que está pidiendo el Gobierno es una norma mayor para ratificar una norma menor. Si cae la disposición menor [la resolución de Economía], podría haber problemas”.
"La forma en la que el Gobierno presenta el proyecto de ley es
engañosa. Claro que el Poder Ejecutivo puede mandar proyectos, pero después el Congreso puede hacer lo que le plazca: puede rechazarlo, ratificarlo o plantear un proyecto distinto.
"El hecho de que el proyecto oficial sólo se pueda ratificar o
rechazar es un intento del Poder Ejecutivo de atar nuevamente al Congreso a su voluntad. Pero lo cierto es que el Parlamento puede decidir al revés de lo que espera el Gobierno. Los legisladores no tienen obligación de tratar lo que envía el Gobierno. Deben aprovechar el tratamiento de esto que se envía para debatir otra iniciativa.
"Si los legisladores no aprovechan esta oportunidad corremos el
riesgo de que se agrave la crisis y se va agotar una instancia fundamental de debate en la que el campo depositó esperanzas. "Esperemos que el Congreso asuma su rol. La resolución [125, por la que el Ministerio de Economía dispuso la suba a las retenciones de granos] es confiscatoria. Los legisladores no deberían aprobarla, porque además, el Poder Ejecutivo está incurriendo en un exceso del
ejercicio de sus facultades respecto de legislar en materia
impositiva".
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