Las bolsas de valores en New York y otras capitales extranjeras se estremecieron la semana pasada cuando la creciente crisis financiera amenazó a los bancos y las empresas de inversiones más importantes del mundo. Compañías como Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, y la aseguradora internacional AIG, desaparecieron, fueron adquiridas a precios de subasta por otras empresas, o fueron “nacionalizadas” por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de garantizar una liquidación ordenada de sus activos.
Las voces de alarma anuncian el final del sistema capitalista, y los demagogos revolotean como buitres pesando sus opciones para mejor avanzar sus agendas de poder.
Solo faltan escasos días para que los votantes americanos elijan un nuevo Presidente, y es el peor momento para tomar decisiones serenas que promuevan los mejores intereses de los Estados Unidos.
Los dos candidatos presidenciales, tanto el Republicano como el Demócrata, evitan discutir las causas de la crisis, y prefieren denunciar la “avaricia” de los financieros de Wall Street, la “falta de regulación gubernamental”, el “fraude financiero”, y por supuesto se acusan el uno al otro, y repiten todas las consignas anticapitalistas que se enseñan en los colegios públicos y que refleja la cultura de Hollywood.
Cuáles son los orígenes de esta crisis?
En una economía mixta como la de los Estados Unidos, es frecuentemente difícil medir el impacto de la intervención del gobierno en las operaciones del mercado libre.
Existe una entidad como el Federal Reserve, que controla la tasa de los intereses y el flujo de crédito en el sistema financiero.
Las bolsas de valores operan bajo las regulaciones del gobierno federal, igual que los bancos y todo tipo de empresas de inversiones.
Las transacciones financieras se realizan bajo la supervisión de numerosas entidades federales, con el objetivo de establecer transparencia en esas transacciones, y para proteger la integridad del mercado.
Y mucho más….
Muchas de esas regulaciones son necesarias, y reflejan las responsabilidades que le corresponden a un gobierno democrático para mantener el orden en la sociedad y para definir y proteger los derechos de los individuos de abusos y de fraude.
Pero la intervención del Estado en asuntos económicos en los Estados Unidos es tan sutil y penetrante que es casi imposible determinar causa y efecto, sobre todo en una crisis matizada con argumentos ideológicos.
La crisis comienza con un aumento en la disponibilidad de crédito patrocinada por el Federal Reserve, combinado con enmiendas a la ley “Community Reinvestment Act” de 1977 (promulgada por el Presidente Carter), auspiciadas por la administración del Presidente Clinton en 1995.
Las enmiendas resultaron en un aumento notable en la cantidad de hipotecas aprobadas a individuos y pequeños negocios en las comunidades minoritarias, con el objetivo de eliminar “redlining” o una supuesta discriminación racial que justificaba la extensión de los créditos. Como resultado, la “calidad financiera” de un gran número de las hipotecas aprobadas por los bancos declinó notablemente.
Mientras el Federal Reserve garantizaba el flujo de crédito, la burbuja creció sin problemas.
Al mismo tiempo, para “facilitar” la entrada al mercado hipotecario de esos grupos con un historial de crédito marginal, se popularizaron las hipotecas con intereses “variables”, que garantizaban intereses bajos en el primero o segundo año de pago, combinado con depósitos iniciales muy bajos.
Pero las compañías hipotecarias aumentan esos intereses “variables” en años posteriores, y si la situación financiera de los consumidores no les permite cumplir con sus compromisos, el colapso de las hipotecas era inevitable.
Las enmiendas legales también permitieron la “valorización” de las hipotecas mediante instrumentos financieros en las bolsas de valores. Bear Stearns era una de las compañías que desarrollaron esta nueva actividad en los mercados, y su colapso demuestra los riesgos que asumió, junto con otros participantes en el mercado.
Dos entidades creadas por el Estado, Freddie Mac y Ginnie Mae, contribuyeron a la crisis que hoy nos acecha. Estas “compañías” supuestamente son privadas, pero gozan de garantías financieras que les proporciona el gobierno federal, permitiéndoles asegurar hipotecas a un precio más bajo que lo que el mercado dicta.
El riesgo, por tanto, lo asume el gobierno federal, y consecuentemente, los contribuyentes en los Estados Unidos.
En 2003, el Presidente Bush propuso que Freddie Mac y Ginnie Mae pasaran a la supervisión de la Tesorería del Estado, reconociendo el riesgo que esas compañías representaban para el sistema financiero, aunque no eliminaba el problema en su totalidad.
John McCain, candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, para su crédito, apoyó la propuesta, pero el Congreso la derrotó en un voto mayoritario partidista.
Finalmente, las compañías de inversiones en las bolsas desarrollaron nuevos instrumentos llamados “derivatives”, que usan las hipotecas “valorizadas” por Bear Stearns y otras entidades como base financiera.
Estos instrumentos se popularizaron, y se encuentran en los libros de contabilidad de numerosos bancos y compañías de finanza por todo el mundo.
Cuando la “calidad” de las hipotecas comenzó a declinar, el círculo vicioso de la caída en los precios de los bienes raíces, junto con el aumento de los intereses de las hipotecas, el incumplimiento de los pagos, etc., desencadenó un proceso de liquidación que culminó en un momento de crisis la semana pasada.
Considero que es importante repasar el origen de esta crisis, porque el
“culpable” no es el sistema capitalista, sino la intervención del Estado en la
operación del mercado libre.
Desafortunadamente, en un ciclo de elecciones presidenciales, los debates van a brillar por la ausencia de sensatez, y lo que abundan son las consignas y las acusaciones.
El Estado asumirá una gran parte de los activos en peligro, o sea, las hipotecas cuestionables y los instrumentos financieros derivados de ellas, para poco a poco, en forma ordenada, devolverlas al mercado libre, donde siempre debieron permanecer.
Aunque las voces de la demagogia aseguran que los contribuyentes “perderán” un
trillón de dólares, lo más probable es que no sea así, a medida que los activos
cuestionables se procesen, y como sucedió con el “Resolution Trust Company” en
una situación similar en 1989, es posible que el gobierno federal gane algo en
las transacciones.
Pero lo más urgente es aprender de esta lección para que los políticos no la repitan, y para que no tengamos que confrontar una crisis peor en un futuro cercano.
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